El proceso para
reformular el modelo de la Formación Profesional para el Empleo en España ha
empezado a través de un primer documento que muestra las intenciones de
Gobierno de minorar sustancialmente el papel de sindicatos y patronales en
favor de empresas privadas de formación, que se incorporan al diseño del
sistema y serán quienes gestionen y ejecuten los cursos.
Hasta el momento, patronales y sindicatos eran quienes
tenían el rol de gestión y ejecución pero con el nuevo esquema
que propone el Gobierno sólo les quedaría participar en la “planificación,
programación y diseño” del sistema de Formación Profesional para el Empleo,
papel que además tienen que compartir con otros agentes como las Comunidades
Autónomas, las empresas privadas y las organizaciones de autónomos y de la
Economía Social.
Con este nuevo modelo las empresas que se dedican a la
formación, tendrían mayor presencia en el principal órgano consultivo del
sistema, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y dejarían atrás la
fase en las que eran “meros proveedores de formación”
LA PRESENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
El texto enfatiza en dar más poder a la Administración
Central en la planificación, diseño y control del sistema a la vez que
incorpora aportaciones de las comunidades autónomas: “el refuerzo del liderazgo
que debe ejercer la Administración General del estado” se realizará a través de
una “redefinición del papel de los agentes en el sistema” en el que el
Ministerio de Empleo –vía Servicio Público de Empleo Estatal- vería “reforzado
su liderazgo” y su capacidad de coordinación en la planificación y evaluación
del sistema, seguimiento y control.
Por su parte las Comunidades Autónomas
gozarían de más protagonismo que ahora en los mecanismos de coordinación de
información del sistema, la programación, el seguimiento y el control y se les
daría un papel en la Fundación Tripartita, fundación clave para la gestión del
sistema que agrupa –hasta el momento- a Gobierno y agentes sociales.
Esta reforma lleva tratándose desde mazo del año pasado con
la intención de darle una vuelta al modelo de Formación Profesional para el
Empleo (que busca formar y mantener la cualificación de los trabajadores).
“avanzando hacia un nuevo modelo de formación” es el título
de la primer propuesta del Ejecutivo que se basa en el aumento del papel de la
empresa privada en la impartición de los cursos y la reducción del de
patronales y sindicatos.
El documento dice que el modelo vigente “ha facilitado la
mejora de la empleabilidad y la cualificación de muschos trabajadores […] en
los últimos 20 años” pero que “ha sido claramente ineficiente” pues la mayor
inversión no se ha visto reflejada en la mejora de los niveles de
cualificación; por ello, entre las materias en las que se cree que hay que
mejorar, el Gobierno destaca la “deficiente coordinación” entre los distintos
participantes del sistema, la “falta de una planificación estratégica” y la
necesidad de reforzar “los sistemas de información, seguimiento y control […]
con el fin de evitar malas prácticas”.
MÁS CONTROLES
Por último, para aumentar el control y seguimiento y evitar
los casos de mala praxis se evaluarán los resultados de la formación en
términos de conocimientos, empleabilidad e inserción de los trabajadores
partiendo de las entrevistas a alumnos y profesores.
Se pretende también aumentar la capacidad sancionadora de
los servicios públicos de empleo y se propone crear un buzón de denuncias
gestionado por la Fundación Estatal para la formación en el empleo.
Con todas estas medidas se cree que se pondrán en relieve
qué empresas son mejores y cuáles peores.
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